Causales de Exclusión del Registro

Cualquier persona natural o jurídica que forme parte del Registro podrá ser excluida del mismo cuando le aplique alguna de las causales que se detallan a continuación: a. Cualquier persona sea natural o jurídica, que haya sido convicta por: (i) infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental"; (ii) por infracción a algunos de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocido como "Código Penal de Puerto Rico"; (iii) por infracción a cualquiera de los delitos tipificados en la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, o; (iv) por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo, pero sin limitarse a los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el término aplicable bajo el Artículo 6.8 de la Ley Núm. 8-2017. Cuando no se disponga un término, la persona quedará descalificada por diez (10) años contados a partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia. b. Cuando el proveedor o contratista haya incurrido en incumplimiento de contrato, según lo determine finalmente la autoridad competente al considerar el derecho aplicable a las obligaciones contractuales. c. Cuando el proveedor o contratista haya suministrado información o documentos fraudulentos, engañosos o negligentes, a cualquier funcionario o 35 empleado de la Administración que participe en el proceso de admisión y calificación del proveedor o contratista al Registro. d. Cuando el proveedor o contratista haya sometido documentos fraudulentos o engañosos a cualquier organismo gubernamental. e. Cuando el proveedor o contratista no hubiese cumplido con alguna de las especificaciones, términos o condiciones establecidas en un contrato con el Gobierno de Puerto Rico, causando demoras injustificadas u otra situación perjudicial para el buen funcionamiento gubernamental. f. Cuando el proveedor o contratista incurra en incumplimiento reiterado con los requerimientos de información o documentación realizados por la Administración. g. Cuando el proveedor o contratista participe de un contrato para cubrir servicios que se rindieron durante un período para el cual no existía un contrato firmado. h. Por cualquier otra situación dispuesta por ley o reglamento, que en derecho proceda, y que el Administrador así lo determine para salvaguardar los mejores intereses del Gobierno, y en cumplimiento con las facultades y obligaciones que le fueran conferidas.