REGLAMENTO PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIERA CONTRA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON IMPEDIMIENTOS

DEFINICIONES Para propósitos de este Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: (a) Actividad Financiera Sospechosa Se refiere a transacciones individuales o conjuntas que se intentan realizar en una institución financiera involucrando a una persona de edad avanzada o persona con impedimento y las cuales pudieran llevar a una persona prudente y razonable a identificarlas como sospechosas, en posible detrimento de los intereses económicos de la persona de edad avanzada o con impedimento. (b) Administrador y/o su alterno Persona(s) designada(s) por la institución financiera para que desarrolle(n) el peritaje, investigue(n), maneje(n) las obligaciones cuando se activa el protocolo en caso de posible explotación financiera y haga(n) los referidos a las agencias concernientes. (c) Adulto Mayor o Persona de Edad Avanzada o Persona de Mayor Edad Persona que tenga sesenta (60) años o más de edad. (d) Cliente Toda persona que utilice, adquiera o mantenga productos y/o servicios ofrecidos o brindados por una institución financiera. (e) Comisionado Significará el Comisionado de Instituciones Financieras. (f) Explotación Financiera El uso impropio de los fondos, de la propiedad, 0 de los recursos de un adulto mayor o persona con impedimento por otra persona, incluyendo, pero no limitándose a, fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de expedientes o récords, coerción, transferencia de propiedad, 0 negación de acceso a bienes. (g) Influencia indebida: Es cuando, en una relación de poder, el adulto mayor permite que un tercero actúe en su nombre, pese a la evidencia del perjuicio que le produce dicha actuación, 0 cuando el adulto mayor procede de una forma diferente a lo que haría en ausencia de la influencia de otro. (h) Institución Financiera Significará e incluirá todas las instituciones financieras operando al amparo de la Ley Núm. 4 o en cualquier otra ley especial administrada por la Oficina del Comisionado. (i) Lugar de negocio Incluye cualquier oficina, sucursal, división, unidad, establecimiento fijo o movible, así como cualquier otro lugar en el que una institución financiera presta sus servicios a personas de edad avanzada o personas con impedimento. (j) Oficina del Comisionado Significará la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. (k) Persona Autorizada Toda persona que por virtud de ley, mandato o consentimiento escrito y válido está autorizada a intervenir de algún modo en las transacciones o cuentas financieras de otra persona. La autorización expedida debe especificar claramente la extensión de esta. (I) Persona con Impedimento Toda persona que tiene un impedimento físico, mental o sensorial que limita sustancialmente una o más actividades esenciales de su vida; tiene un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial; o es considerada que tiene un impedimento físico, mental o sensorial. 2 (m) Personal o Personal de una Institución Financiera Se refiere a cualquier agente, supervisor, ejecutivo, oficial y/o empleado que trabaje y/o preste servicios en una institución financiera. Protocolo Conjunto de normas y procedimientos por escrito que utilizará una institución financiera para prevenir, detectar y manejar posibles casos de explotación financiera a personas de edad avanzada o personas con impedimento. Sospecha Razonable Es la creencia de una persona prudente y razonable de que un tercero que acude a solicitar el desembolso de fondos lo está haciendo de forma impropia, sin consentimiento del dueño de la cuenta, mediante falsas pretensiones, engaño, intimidación, coerción y/o con fines de malversar los mismos, en posible detrimento de los intereses económicos del adulto mayor o persona con impedimento. (o) Tutela Es la responsabilidad de cuidar la persona y administrar los bienes de quienes no tienen capacidad para cuidarse a sí mismos ni tienen a nadie que ejerza sobre ellos la responsabilidad de administrar los bienes de quienes no pueden administrarlos. La misma se rige por las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico.