Propósito

Este Reglamento se adopta con el propósito de establecer las normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de la Autoridad, así como para promover una sana administración pública cónsona con las leyes y normativas vigentes en materia de contratación gubernamental, incluyendo, pero no limitado a, las disposiciones del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-082 titulado como "Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, para adoptar las Guías generales de contratación gubernamental aplicables a todas las agencias ejecutivas" ("OE 2020-082") (denominadas en este Reglamento como las "Guías"). Además, como Entidad Exenta de las disposiciones de la Ley 73-2019, este Reglamento establece los métodos de licitación y compras excepcionales a seguir por la Autoridad al momento de realizar compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales. Igualmente, este Reglamento servirá de base para enmendar, modificar y/o suplementar, de tiempo en tiempo y según sea necesario, las políticas y procedimientos internos de la Autoridad para la compra y contratación de bienes y servicios, según se definen más adelante. Los procedimientos se realizarán en la forma, tiempo, cantidades y precios conforme a las necesidades y la eficiencia de los servicios que presta la Autoridad y en atención a fines públicos legítimos. Estas facultades pueden ser ejercidas dentro y fuera de Puerto Rico. La versión más reciente del Reglamento incluye las enmiendas introducidas a la Ley 73- 2019 y la Ley 38-2017 en virtud de la Ley 110-2022. Mediante este Reglamento, se incorporan, además, las disposiciones de la Ley 48-2024 y Ley 153-2024, las cuales enmendaron la Ley 73- 2019 y la Ley 38-2017 para modificar las cuantías para cada uno de los métodos de licitación e incluir la micro compra como parte del método de licitación de compra informal. Establece 1 Reglamento para la adquisición de bienes y servicios en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico también el procedimiento de revisión administrativa de los procesos de licitación pública realizados por la Autoridad como entidad exenta, en virtud de la Ley 73-2019 ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales.