Regl. 9732, art. i-III

PROPÓSITO, RESUMEN EJECUTIVO y ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

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Cite as Reglamento Núm. 9732, Art. i-III

A. PROPÓSITO Este Reglamento tiene el propósito de cumplir la política pública de la Ley 53-1993, que establece controles para evitar la venta, uso y disposición indiscriminada de sustancias que pueden ser muy peligrosas si no son manejadas por personas experimentadas; con la declaración de política pública ambiental bajo la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley 416-2004), y la Ley de Aire Limpio "Clean Air Act" (42 U.S.C. 7401, et seq.) que requiere a los estados establecer los procesos que mantengan los estándares de la misma. B. RESUMEN EJECUTIVO El Reglamento para la Venta y Uso de Refrigerantes en Puerto Rico tiene el propósito de establecer normas claras sobre la distribución, comercialización y manejo de sustancias refrigerantes, con el fin de promover la seguridad ambiental, la transparencia comercial y el cumplimiento con estándares federales (EPA, Clean Air Act, SNAP Program), y con la Ley Núm. 53 de 5 de agosto de 1993, "Ley de Venta de Clorofluorcarbonos para los Técnicos de Refrigeración y Aire acondicionado". Mediante el presente reglamento se establecen medidas y controles para regular a quiénes se les puede vender refrigerantes, que será exclusivamente a Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, y a aquellos profesionales que tengan su licencia del Estado, como los ingenieros y mecánicos automotrices, que a su vez tengan las certificaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre refrigerantes EPA 608 y 609, y que hayan tomado los adiestramientos del Colegio de Refrigeración. 1 C. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO De conformidad con las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, se certifica que la adopción, aprobación y puesta en vigor de este Reglamento no tiene impacto económico adicional para el Gobierno de Puerto Rico ni para la ciudadanía en general. Los beneficios netos de la implementación de este Reglamento, conforme lo ordena la Ley 53-1993, indican una relación costo-beneficio favorable, promoviendo el cumplimiento ambiental y alineación con legislación y estándares federales, la seguridad pública, reducción significativa de emisiones de gases fluorados y la competitividad del sector.
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