Criterios de Referencia para Evaluación de Propuestas en

Procesos Administrativos del Programa de Educación Especial Durante los procesos administrativos de querellas administrativas de educación especial en los que se evalúe una propuesta para la compra de servicios educativos o relacionados, se recomienda que el juez administrativo, como parte de su análisis, tome en consideración, entre otros factores, los siguientes: 1. Si la propuesta responde adecuadamente a las necesidades educativas del estudiante, conforme a lo establecido en su PEI vigente. 2. Si los servicios propuestos garantizan la provisión de una Educación Pública Apropiada y Gratuita, en cumplimiento con la Ley IDEA y la normativa aplicable. 3. Si los costos propuestos son razonables y se encuentran dentro de tarifas consistentes con el mercado para servicios comparables en alcance, naturaleza y complejidad. 4. Si los precios no exceden aquellos que la institución cobra a cualquier padre, madre o persona encargada por los mismos servicios educativos y relacionados. 5. Si existe correspondencia entre los servicios descritos en la propuesta, los recursos humanos identificados, la infraestructura disponible y la capacidad real de la institución para implementar los servicios conforme a lo ofrecido. 6. Que se hayan realizado, cuando sea pertinente, visitas oculares u otros métodos de verificación que permitan constatar que la propuesta cumple con lo descrito y prometido, incluyendo infraestructura, recursos y personal. 7. Si el personal propuesto para atender directamente al estudiante cuenta con las licencias, certificaciones profesionales, credenciales académicas y adiestramientos requeridos por ley y por la política pública vigente del DEPR para la prestación de los servicios ofrecidos, y si dicha información ha sido debidamente documentada y puesta a disposición para su evaluación. ARRES EST BOMED 37 Reglamento de Compras de Servicio en Escuelas o Instituciones Privadas Los criterios aquí establecidos tienen el propósito de promover la transparencia, razonabilidad y equidad en la utilización de fondos públicos, sin menoscabar la autoridad y discreción del juez administrativo para evaluar cada caso conforme a sus méritos particulares. Nada de lo dispuesto en este reglamento podrá interpretarse en el sentido de que consideraciones fiscales, presupuestarias, de costo o de razonabilidad económica limiten, condicionen o sustituyan la determinación de los servicios educativos y relacionados necesarios para garantizar una Educación Pública Apropiada y Gratuita, conforme al PEI del estudiante, y según la legislación aplicable. En ningún caso el costo de una propuesta, por SÍ solo, constituirá un factor determinante para la selección, denegación o sustitución de una ubicación educativa cuando dicha ubicación sea necesaria para atender adecuadamente las necesidades del estudiante conforme a su PEI.