DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

A. Separabilidad Si cualquier palabra, oración, párrafo, artículo o parte de este Reglamento fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal de jurisdicción competente, tal declaración o fallo no afectará ni invalidará las otras partes y artículos de este Reglamento. Su efecto quedará limitado a la palabra, oración, párrafo, artículo o parte así declarada. B. Radicación de Querellas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme Cuando una parte considere que sus derechos han sido afectados durante la tramitación de una solicitud al amparo de esta Ley podrá radicar una querella en la Oficina del Secretario, ya sea por escrito o personalmente en el término de 30 días calendario a contar desde la fecha en que se le notificó la acción que motiva la querella. La adjudicación de la que ella se efectuará conforme lo dispone la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento aplicable. C. Interpretación El Administrador será responsable de la interpretación e implementación de este Reglamento, bajo los auspicios del Secretario de la Vivienda en su rol como coordinador de todos los programas sociales de vivienda de Puerto Rico. El Director Ejecutivo podrá emitir guías, procedimientos, circulares u otra normativa que sean útiles o necesarias para esos propósitos, siempre que no sean contrarios a lo aquí dispuesto. D. Transición El Administrador podrá establecer los procesos que estime necesarios para efectuar la transición a este Reglamento o la implantación de los cambios al Programa de Ley Núm. 124, dentro de la discreción aquí conferida, incluyendo 17 pero no limitado a ajustes en los beneficios, los beneficiarios elegibles, características de las viviendas y los proyectos, y otros similares. E. Vigencia Este Reglamento comenzará a regir en la fecha en que el Gobernador de Puerto Rico, mediante certificación al efecto le otorgue vigencia inmediata a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.