La Ley Núm. 112 del 20 de julio de 1988, según enmendada, (Sección 4, Inciso i),

establece que el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico ha de "aprobar, previa celebración de vistas públicas, las resoluciones y normas que se utilizarán para declarar los materiales, estructuras y sitios arqueológicos terrestres y que regirán los estudios, las excavaciones e investigaciones arqueológicas terrestres que en adelante se realicen y supervisar el cumplimiento de las resoluciones y normas que así adopte".