Artículo 1.

Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico, el que toda agencia o dependencia propietaria de fincas, terrenos o remanentes de éstos aledaños a escuelas que cuenten con programas de educación agrícola, establezcan acuerdos colaborativos con el Departamento de Educación, a los fines de que separen un predio para utilizarse como fincas o huertos escolares en la enseñanza de dicha materia.